Los municipios y comunas rurales de la Provincia están siendo sometidos a una auditoría del Tribunal de Cuentas (TC) -dispuesta por la Sindicatura General de la Nación (Sigen)-, cuyo objetivo es efectuar informes sobre los fondos nacionales percibidos por los gobiernos locales durante 2016.

Según fuentes del ente de contralor de Tucumán, los expedientes están siendo tramitados gracias a la Red Federal de Control Público, que está constituida por órganos de supervisión de gastos e ingresos de todas las provincias argentinas.

La auditoría permitirá no sólo conocer el destino dado a los fondos federales recibidos por intendentes y comisionados rurales durante 2016. Además, servirá para confirmar o descartar la versión del Gobierno provincial con respecto a la supuesta falta de asistencia financiera de parte de la Nación para la ejecución de obras públicas y de otros proyectos en esta jurisdicción.

Los primeros pedidos de informes salieron de los despachos del Tribunal de Cuentas en diciembre pasado. Según fuentes consultadas por este diario, hubo Intendencias que resolvieron no contestar las notas, debido a que la Constitución provincial garantiza la autonomía de los municipios. Esta cuestión podría derivar en polémicas, dado que la Sigen fue quien solicitó el inicio de la auditoría, se explicó desde el TC a este diario.

Mientras tanto, algunas reparticiones ya empezaron a enviar la documentación correspondiente.

Hace ocho días, el Tribunal de Cuentas firmó el acuerdo 1.241, que trata sobre las actuaciones vinculadas a “los fondos nacionales transferidos directamente a la comuna rural de Villa Padre Monti durante 2016”. El texto oficial, al que se puede acceder a través de la web del TC, aclara que esos recursos “tienen un destino específico” dado por la Nación.

Los contadores fiscales realizaron una serie de observaciones por posibles faltas administrativas. Por ejemplo, detectaron “pagos efectuados a proveedores sin haberse efectuado las retenciones de Ingresos Brutos” o erogaciones concretadas “sin el acto administrativo de autorización de dichos gastos y su correspondiente orden de pago”. Señalaron además que hubo un incumplimiento en un artículo del Convenio de Cooperación entre la comuna de Villa Padre Monti y el Gobierno nacional. “La suma total a gastar era de $ 24.000 y se efectuaron gastos por $ 30.440 sin que conste autorización del Organismo Nacional”, advirtieron. Marcaron además que hubo “transferencias de fondos por $ 50.000” a la cuenta bancaria para los sueldos de la comuna. “Esto constituye una situación irregular, por cuanto los recursos tenían un fin y destino específico”, indicaron los auditores.

El TC, con las firmas del presidente, Miguel Terraf, y de los vocales, Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci, dispuso el inicio de una comprobación sumaria en Villa Padre Monti. Se espera que con el correr de los días se conozcan informes similares de otras jurisdicciones.